Presupuesto con perspectiva de niñez


La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989 por parte de las Naciones Unidas significó un cambio de paradigma con relación a los niños, niñas y adolescentes como sujetos portadores de derechos. En este sentido, dicha Convención implica para los Estados adherentes no sólo la adecuación de sus estructuras políticas, burocráticas e institucionales al nuevo paradigma, sino también asumir el compromiso de asignar recursos para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a este grupo etario.

En la República Argentina la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada mediante Ley N° 23.849 del año 1990, y forma parte de la Constitución Nacional desde 1994. Con el objetivo de armonizar los aspectos normativos y de políticas de infancia con la Convención, en 2005 la Argentina sancionó la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N° 26.061).

Como aporte a este proceso de reconocimiento de derechos y en virtud de que los Estados que adhirieron a la Convención deben dar cuenta periódicamente sobre la situación de la infancia ante el Comité de los Derechos del Niño, desde 2002 el Ministerio de Hacienda y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desarrollan una línea de trabajo conjunta con el objetivo de cuantificar y analizar la inversión social dirigida a la niñez.

En ese marco, el aporte del Presupuesto Nacional consiste en reflejar en las estructuras programáticas las políticas que se destinan al gasto en niñas, niños y adolescentes en los programas de la Administración Pública Nacional. Al tratarse de un seguimiento presupuestario, se pondera además la relación entre las partidas presupuestarias (asignación financiera) y la producción pública (metas físicas e indicadores). Por otra parte, en concordancia con los postulados del Presupuesto Abierto, se publican los datos (formato plano) que dan sustento a los informes presentados.

En consecuencia, se trata de continuar avanzando en la institucionalización de la medición del gasto público destinado al grupo etario de la niñez y adolescencia en la República Argentina.


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